Maricarmen, una vecina de 87 años de Retiro, se enfrenta este miércoles a su cuarto intento de desahucio
Vivienda urge a Ayuntamiento y Comunidad a intervenir ante el lanzamiento
MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas.
El lanzamiento está previsto a partir de las 7.30 horas del miércoles en la que ha sido su vivienda durante 70 años, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen.
Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".
La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.
La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.
Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, "una barbaridad" para la pensión de la mujer.
La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.
VIVIENDA URGE A AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD A INTERVENIR
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo.
Por un lado, ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa", mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad por no "ofrecer una alternativa habitacional" a la mujer o concederle "un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler".
Al respecto, fuentes municipales apuntan a que los servicios sociales del Ayuntamiento mantienen un seguimiento continuo de su situación. "El Ministerio de Vivienda miente. Los servicios sociales municipales emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado", indican.
En este sentido, subrayan que la afectada "es usuaria de diferentes prestaciones sociales municipales", como el servicio de ayuda a domicilio. Además, recalcan que desde el Consistorio se han puesto a su disposición "diferentes recursos de alojamiento", pero que la mujer "ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza".
Samur Social acudirá al lanzamiento y, de producirse, las mismas fuentes apuntan a que "se le volverá a ofrecer atención en el marco de la emergencia social".