Entidades de Iglesia avisan que la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania "debilitan" el derecho al empleo
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) --de la que forman parte Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)-- ha alertado de que la pandemia y las previsibles consecuencias económicas de la guerra en Ucrania están "debilitando" el derecho al trabajo y "empobreciendo y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres, jóvenes y migrantes".
Así lo indica en un manifiesto titulado 'Sin compromiso no hay trabajo decente' y lanzado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra el próximo domingo 1 de mayo.
Los firmantes del manifiesto, recuerdan, citando datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa) del cuarto trimestre de 2021, que el desempleo (13,33%) afecta a más mujeres (1.650.600) que a hombres (1.448.200) y es 7,5 puntos porcentuales superior entre la población extranjera (20,89%). Entre los jóvenes, la falta de trabajo afecta al 30,7% de los menores entre 16 y 24 años.
Se trata, según indican, de un mercado de trabajo caracterizado por "la inestabilidad e inseguridad laboral" que provoca que "muchas personas, a pesar de tener un trabajo no consigan salir de la pobreza".
Las entidades subrayan que "la crisis visibilizó la necesidad de un cambio en el sistema productivo, que fuese capaz de crear empleos que aporten valor y con condiciones laborales dignas". Si bien, añaden que la generación de empleo no está avanzando en este sentido y se asiste a un sistema que "prioriza el beneficio económico y descarta a las personas".
Por ello, en este 1 de mayo, defienden "la dignidad del trabajo y el trabajo decente como una prioridad humana, una prioridad cristiana y un compromiso de toda la Iglesia". Además, recuerdan que es uno de los compromisos asumidos por las Naciones Unidas y los países que la forman en la Agenda 2030, que fue aprobada en 2015.
Entre otras propuestas, las entidades piden: igualdad salarial, políticas sociales y de género que permitan a las mujeres el acceso a las mismas oportunidades laborales que los hombres; creación de empleo juvenil de calidad; y la promoción de un entorno de trabajo seguro.
Asimismo, reclaman que las trabajadoras de hogar tengan acceso a los mismos derechos que el resto de trabajadores; la regularización urgente de las personas migrantes en situación administrativa irregular; y el acceso a medidas de protección social para aquellas personas que no puedan acceder a un empleo.