CSIF exige al Gobierno que solicite a Bruselas la activación del reglamento europeo de crisis migratoria por Ceuta

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno que solicite "de inmediato" a Bruselas la activación formal del Reglamento (UE) 2024/1359, sobre situaciones de crisis y fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo, ante la situación en Ceuta.

El sindicato considera que los refuerzos anunciados hasta ahora son "insuficientes" y que deben activarse las medidas extraordinarias de crisis y solidaridad previstas por la Unión Europea, que son plenamente aplicables desde el 12 de junio de 2026.

CSIF ha advertido de que las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de emergencias, el personal de Justicia, los equipos de acogida, la Administración Penitenciaria, la sanidad pública, los servicios de limpieza y los servicios sociales de la ciudad autónoma "operan al límite del agotamiento físico y profesional", asumiendo "en solitario" una responsabilidad que, a juicio del sindicato, concierne a toda la Unión Europea. "Las medidas parciales ya no bastan", ha incidido CSIF este lunes en un comunicado.

El sindicato apoya su petición en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que el Gobierno declaró una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, reconociendo que la entrada masiva de migrantes producida el 30 de julio ha "superado las capacidades ordinarias" de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.

"Si el propio Gobierno ha reconocido oficialmente que las capacidades ordinarias han sido superadas, debe explicar por qué no ha solicitado todavía la activación del instrumento europeo específicamente previsto para afrontar una situación de crisis", ha señalado la organización.

En este sentido, CSIF pide que España presente la solicitud motivada prevista en el artículo 2 del Reglamento para que la Comisión Europea evalúe formalmente la situación y, si concurren los requisitos establecidos, proponga al Consejo la adopción de las medidas extraordinarias correspondientes.

Entre las posibilidades que abriría la activación del reglamento figura la solidaridad europea reforzada, que permitiría movilizar reubicaciones, contribuciones financieras y apoyo operativo, pudiendo alcanzar hasta el 100% de las necesidades de reubicación determinadas en el plan de respuesta.

Asimismo, según explica el sindicato, se ampliaría la capacidad de actuación en frontera, adaptando y agilizando determinados procedimientos fronterizos de asilo cuando las reglas ordinarias resulten insuficientes. El reglamento contempla también una respuesta específica ante una eventual instrumentalización de la migración, con medidas y excepciones extraordinarias en caso de que se acreditase que un tercer país o agente hostil utiliza los flujos migratorios con finalidad desestabilizadora.

El reglamento también activaría el refuerzo de los servicios públicos movilizando solidaridad, financiación y apoyo operativo europeo para aliviar la presión extraordinaria sobre los servicios de frontera, seguridad, identificación, asilo, acogida, menores y retorno.

Según explica CSIF, el diseño jurídico del reglamento permite además "adaptar y agilizar" los procedimientos fronterizos de asilo en situaciones de crisis y facilitar, cuando legalmente proceda, la posterior aplicación de los procedimientos de retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España, con pleno respeto a las garantías previstas por el Derecho de la Unión.

CSIF valora los refuerzos solicitados a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), pero considera que estas medidas operativas "no sustituyen" la posible activación del marco jurídico extraordinario previsto por el Reglamento 2024/1359.

"Ceuta no puede continuar funcionando como un dique de contención aislado ante una crisis cuya gestión afecta al conjunto del Estado y requiere también la implicación efectiva de la Unión Europea", ha concluido la organización, al tiempo que ha insistido al Gobierno que utilice "todos los mecanismos" jurídicos nacionales y europeos disponibles, refuerce los servicios públicos afectados y presente ante la Comisión Europea la solicitud motivada prevista en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2024/1359.