El Congreso debate este martes regular las cátedras financiadas por entidades privadas en universidades públicas
MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades debate este martes una iniciativa del Grupo Parlamentario Republicano sobre la regulación y el control de las cátedras universitarias.
La proposición no de ley, recogida por Europa Press, propone regular la creación, el funcionamiento y el control de las cátedras financiadas por entidades privadas en universidades públicas, con el objetivo de "garantizar su transparencia y la independencia académica".
La iniciativa registrada por ERC insta al Gobierno a crear un registro público de cátedras financiadas por entidades privadas, así como a impulsar mecanismos de evaluación "de la calidad, el rigor y la imparcialidad" de la investigación desarrollada en el marco de estas cátedras, mediante las agencias de evaluación del sistema universitario.
ERC también quiere que el Ejecutivo garantice que los estudios e informes elaborados en el marco de cátedras financiadas por entidades privadas vayan acompañados de la publicación de sus fuentes de financiación.
Igualmente, reclama un incremento de la financiación pública destinada a investigación en el ámbito de la vivienda, con atención a las perspectivas sociales, jurídicas y económicas.
ERC recuerda en su iniciativa que el sistema universitario público "es uno de los pilares fundamentales de generación de conocimiento crítico e independiente al servicio del interés general, desvinculado de presiones económicas o políticas".
En este punto, señala que la universidad pública "debe garantizar que la investigación científica y la producción académica respondan a criterios de calidad, independencia y utilidad social, especialmente en aquellos ámbitos que inciden en derechos fundamentales, como en el caso del derecho a la vivienda".
Sin embargo, advierte de que "en los últimos años han proliferado cátedras financiadas por empresas del sector inmobiliario en universidades públicas del Estado español".
"Estas, impulsadas mediante convenios con promotores, fondos de inversión y plataformas inmobiliarias, generan estudios e informes sobre el mercado inmobiliario que influyen en el debate público y en la elaboración de políticas públicas. La participación directa de estos actores, con intereses claramente marcados, comporta riesgos evidentes de sesgo, condicionamiento, orientación de los resultados, llegando incluso a legitimar determinadas posiciones políticas o económicas en detrimento de otras", critica la formación.
Para el Grupo Parlamentario Republicano, esto "plantea interrogantes relevantes sobre la independencia académica": "La mayoría de informes publicados recogen dos ideas: la necesidad de incrementar la oferta mediante nueva construcción y la consideración de que regular el alquiler reduce la oferta".
No obstante, precisa que "distintos actores sociales, sindicales y académicos han advertido del riesgo de subordinar la investigación científica con los intereses del lobby de la vivienda, así como de la posibilidad de que estos estudios estén condicionados por los intereses económicos de las entidades que los financian".
Según estas denuncias, agrega el grupo parlamentario, "la presencia de intereses privados en la investigación puede comprometer la neutralidad e independencia de la investigación universitaria, especialmente en un ámbito tan sensible como el derecho a la vivienda".
"Asimismo, señalan que estos instrumentos pueden actuar como mecanismos de influencia ideológica y presión contra determinadas políticas públicas, como la regulación del alquiler. Ante esta realidad, es imprescindible garantizar que la universidad pública mantenga su carácter independiente, de creación de conocimiento público y al servicio del interés general", concluye ERC.