Transparencia exige más medios al Gobierno para poder resolver las reclamaciones ciudadanas, que crecen en un 70%

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Concepción Campos Acuña, ha exigido este martes al Ejecutivo que dote de más medios y recursos al órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia ante el aumento exponencial de las reclamaciones que presentan los particulares cuando no reciben la información que reclaman a la administración y que este año puede llegar al 70%.

Durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para dar cuenta de su actividad, Campos Acuña ha vuelto a reclamar también una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que acumula ya 13 años de vigencia, y que, a su juicio, debe ser actualizada para dotar a este organismo de capacidad coercitiva y sancionadora.

Pero ha hecho especial hincapié en que necesitan más medios y personas para poder hacer su trabajo con eficacia. En este contexto, ha destacado que entre 2024 y 2025 las reclamaciones se incrementaron en un 40% y que este año se puede cerrar con una subida de entre el 60 y el 70%, y todo sin que aumente ni el presupuesto ni el personal del Consejo, que cuenta con una plantilla de unas 30 personas que en ocasiones caen en el "agotamiento".

"Difícilmente podremos atender a nuestra función garante si no tenemos más medios", ha enfatizado la presidenta, destacando, no obstante que de las 2.808 reclamaciones recibidas en 2025 lograron resolver 2.274 en ese ejercicio.

CUESTIONES CADA VEZ MÁS COMPLEJAS POR LA IA

Este incremento se debe, según su análisis, a que la ciudadanía cada vez es más consciente de su derecho de acceso a la información y plantea, posiblemente con ayuda de la Inteligencia Artificial, preguntas cada vez más complejas.

"Eso no debería ser un problema. El problema es que no se les da la información o no se hace de forma satisfactoria y acaban reclamando al Consejo que no siempre puede resolver en los tres meses que tiene de plazo para hacerlo", ha resumido.

Por eso ha insistido en que el objetivo es trabajar para tener menos reclamaciones a través de la mejora de la actividad activa y ha animado a las entidades públicas y privadas que reciben financiación pública a "publicar información de forma indiscriminada" para evitar que sigan incrementándose las reclamaciones ciudadanas que, según ha apuntado, han pasado por ejemplo de 189 solo en julio de 2025 a un total de 400 en julio de este año.

Respecto a la resolución de estas reclamaciones, Campos Acuña ha explicado que el 64% son estimatorias y que en su mayoría se refieren al ámbito ministerial.

A VECES NO CONTESTAN NI AL CONSEJO

Además, ha vuelto a denunciar como un "problema endémico de la administración" el silencio administrativo, es decir, la utilizado de lo que considera un "atajo" para no contestar a las peticiones de información de particulares y ni siquiera al Consejo cuando tramita las reclamaciones.

Campos Acuña ha señalado que esta situación es especialmente grave en el ámbito local y ha dicho ser consciente de que en ocasiones tiene que ver con el desconocimiento de las obligaciones de transparencia o con la falta de medios, por eso el Consejo ha firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para orientarles en esta tarea.

"No queremos sancionar ni poner multas, sino ayudar a cumplir", ha resumido la compareciente, quien ha explicado que en muchas ocasiones la entidad correspondiente sí da la información sin problema alguno tras la intervención del Consejo. Por eso ha pedido que se intente contestar siempre a las solicitudes ciudadanas y valorar la posibilidad de dar un acceso parcial a la información reclamada.

En este contexto, ha destacado su trabajo en el ámbito de la cooperación tanto internacional como nacional con la firma de convenios por ejemplo con la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y la Autoridad Independiente de Protección al Informante, "para generar instrumentos que ayuden a cumplir".

Sobre el cumplimiento de las resoluciones, en el ámbito estatal alcanzó el 78% en 2024 y a 30 de junio de este año se sitúa ya en el 87,7%, mientras que en el ámbito autonómico y local ha pasado del 63 al 75%. En lo que va de 2026 el Consejo ha presentado 50 recursos contencioso administrativos, una cifra similar a la del año anterior.