Política Social mantendrá las ayudas del 0,7% del IRPF y rechaza excluir a Rumiñahui como reclama Vox
CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha defendido este miércoles que el Gobierno regional mantendrá las convocatorias de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF y ha rechazado excluir de ellas a la Asociación Rumiñahui, después de que Vox haya cuestionado que esta entidad reciba financiación autonómica para un proyecto destinado a atender a población inmigrante vulnerable.
Ruiz se ha pronunciado así durante una interpelación formulada en el Pleno de la Asamblea Regional por el diputado de Vox Ignacio Arcas sobre la subvención al proyecto 'Acogida integral de la población inmigrante en la ciudad de Murcia-2026', presentado por Rumiñahui. La consejera ha explicado que la asociación recibe financiación porque está "legalmente constituida", concurre a una convocatoria pública, cumple los requisitos establecidos en las bases reguladoras y su proyecto obtiene la puntuación necesaria conforme a criterios técnicos.
"Aquí no hay discrecionalidad, ni afinidad ideológica, ni simpatía política", ha afirmado Ruiz, quien ha recordado que el objetivo de estas ayudas es la atención a personas en situación de pobreza, exclusión social o especial vulnerabilidad. Ruiz ha rechazado así los argumentos de Vox, que ha vinculado la actividad de Rumiñahui con el proceso de regularización de inmigrantes y ha cuestionado que la Comunidad financie a una entidad que presta, entre otros servicios, orientación jurídica en materia de extranjería.
"Me está pidiendo que prevariquemos y que quitemos a las asociaciones que a ustedes no les gustan porque no les gusta lo que hacen", ha reprochado la consejera a Arcas, antes de insistir en que el Ejecutivo autonómico "no va a dejar de hacer ninguna convocatoria porque a ustedes no les gusten los nombres de las asociaciones".
La titular de Política Social ha precisado además que estas subvenciones proceden de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinada a fines sociales y ha rechazado que la financiación concedida a Rumiñahui tenga como finalidad sufragar el proceso de regularización. "Da a entender que estamos financiando a una ONG el proyecto de regularización, pero si la regularización es de este año y esa entidad lleva trabajando en la Región de Murcia desde hace años", ha afirmado Ruiz, que ha señalado que el proyecto presentado tiene como finalidad "atender a la población vulnerable".
VOX CUESTIONA LA FINANCIACIÓN A RUMIÑAHUI
Por su parte, Arcas ha asegurado que el proyecto subvencionado ofrece cobertura a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad mediante servicios como orientación jurídica en materia de extranjería, asesoramiento laboral, mediación cultural y acompañamiento para acceder a recursos públicos y servicios básicos.
El diputado de Vox ha relacionado esta financiación con la participación de Rumiñahui en la expedición de certificados de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización y ha acusado al PP de mantener una posición contradictoria en materia migratoria. Arcas ha preguntado a la consejera si estaría dispuesta a retirar la convocatoria y ha reprochado al Ejecutivo autonómico que financie a una entidad que, según ha señalado, presta asistencia jurídica para procesos de "regularización administrativa, reagrupación familiar y tramitación de arraigo".
Ruiz ha diferenciado, por su parte, entre la política migratoria y el control de fronteras, que ha situado entre las competencias del Estado, y los servicios sociales, competencia autonómica, cuya función es atender a las personas en riesgo de exclusión. "La inmigración ilegal es un tema demasiado serio como para hacer demagogia", ha afirmado la consejera, quien ha señalado que las bases de la convocatoria excluyen como beneficiarios a proyectos que cuenten con personal condenado por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.
La responsable autonómica ha asegurado finalmente que el Gobierno regional seguirá destinando estos recursos a la atención de personas vulnerables porque, según ha defendido, con ello se contribuye a la "seguridad ciudadana y convivencia vecinal".