Una vecina de General Lacy 22 se enfrenta este miércoles al primer juicio por desahucio en el inmueble
MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El conflicto del bloque de viviendas situado en el número 22 de la calle General Lacy de la capital, ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela, llegará este miércoles a los tribunales con la celebración del primer juicio por desahucio contra una de las vecinas del inmueble.
El Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid acogerá la vista contra Blanca, una vecina que, según informa el Sindicato de Inquilinas, lleva 26 años viviendo y que en los dos últimos años habría sufrido una situación de "acoso inmobiliario" por parte de la propiedad y de sus gestoras.
Con motivo del juicio, el Sindicato de Inquilinas y varios colectivos sociales y vecinales han convocado una concentración a las puertas de los juzgados bajo el lema 'De Lacy, 22 no se va ni dios', con el objetivo de arropar a la afectada y denunciar lo que califican como una estrategia de "asfixia e intimidación" dirigida contra las familias que todavía residen en el edificio.
Según el colectivo, la propiedad habría tratado de promover la salida de los vecinos antes de la finalización de sus contratos mediante distintas actuaciones y, paralelamente, habría dejado de atender de forma adecuada algunas de las obligaciones de mantenimiento del inmueble.
Entre las situaciones denunciadas figuran desprendimientos de techos, problemas de limpieza, aparición de cucarachas tras la suspensión de las fumigaciones, averías en el ascensor y problemas de goteras e inundaciones, además de otras incidencias en las zonas comunes.
En el caso concreto de Blanca, el sindicato sostiene que la demora durante meses en la reparación de una gotera terminó provocando el desprendimiento del techo de la vivienda y enmarca este episodio en la estrategia de presión que, a su juicio, estaría encaminada a conseguir que la vecina abandonara el inmueble antes de que concluyera su contrato.
RECHAZO A LAS CÁMARAS
La comunidad también ha expresado su rechazo a la reciente instalación de 14 cámaras de seguridad en las zonas comunes para controlar un edificio en el que viven 33 familias. Los vecinos consideran la medida "aberrante y desproporcionada" y cuestionan que responda a una necesidad real de seguridad, al asegurar que en el inmueble no se producen robos ni actos vandálicos.
El conflicto se remonta a hace aproximadamente dos años, tras el fallecimiento de una de las copropietarias del edificio y la posterior adquisición de la mayor parte de la propiedad por FURUD 2024 S.L. y GOMEISA 2024 S.L., sociedades que, según el Sindicato, estarían vinculadas a la familia González-Ruano.
Desde entonces, los vecinos denuncian que la gestión del inmueble se habría canalizado a través de las empresas Savills y WeRent y que la propiedad habría iniciado una estrategia destinada a "vaciar" progresivamente el edificio, presionando a las familias para que abandonen sus viviendas.
El sindicato sostiene que se habrían producido cambios en contratos suscritos por los propios vecinos con terceros y acusa a la propiedad de haber dejado de enviar algunos recibos y de desatender distintas obligaciones relacionadas con el mantenimiento del inmueble.
A estas denuncias se suma, según los afectados, la inundación de una vivienda que habría provocado graves problemas de goteras y deterioro y que, aseguran, no habría sido atendida adecuadamente por la propiedad, por lo que el caso habría sido puesto en conocimiento de las autoridades.
El juicio de este miércoles será el primero de una serie de conflictos judiciales que afectan a las familias del inmueble y que los vecinos consideran determinantes para el futuro de las decenas de personas que todavía viven en General Lacy 22.
Los residentes reclaman que la propiedad cumpla con sus obligaciones legales de mantenimiento y habitabilidad y que cese, según denuncian, la estrategia dirigida a conseguir su salida del edificio. "No vamos a dar un paso atrás", señalan desde el movimiento vecinal.