El Govern pide que los fondos europeos para agricultura y pesca contemplen la insularidad
PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha planteado en dos foros distintos que la futura Política Agraria Común (PAC) y la política pesquera de la UE mantengan e incorporen el concepto de la insularidad.
Simonet ha participado este miércoles, junto con los consejeros del resto de comunidades autónomas, en los consejos consultivos de Política Pesquera y de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, convocados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en Madrid.
En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que las sesiones han servido para abordar con las comunidades autónomas los principales asuntos que España deberá defender en las próximas negociaciones europeas y avanzar en la definición de la posición que el Ministerio trasladará a Bruselas.
Durante las dos reuniones, Simonet ha trasladado al Ministerio las principales reivindicaciones de Baleares para que las políticas europeas tengan objetivos comunes y sean capaces de adaptarse a "realidades territoriales muy diferentes". "En Baleares se defiende que la insularidad sea un criterio efectivo tanto en la política agraria como en la pesquera", ha señalado.
QUE LA PAC LA GESTIONE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
En el ámbito agrario, una de las principales propuestas que el Govern ha trasladado al Ministerio es que, ante el nuevo modelo planteado por Bruselas, los recursos destinados a la futura PAC que correspondan a España lleguen directamente al Ministerio de Agricultura y que este departamento los distribuya, en coordinación con las consejerías competentes de las comunidades autónomas.
Baleares considera que este sistema permitiría mantener una interlocución directa entre las administraciones responsables de la política agraria y evitar que la gestión de los recursos pase primero por el Ministerio de Hacienda y, posteriormente, por las haciendas autonómicas antes de llegar a los departamentos de Agricultura.
"La PAC debe ser una política agraria. Los departamentos que conocen el sector, las explotaciones y las necesidades específicas de cada territorio deben gestionar los recursos destinados a los agricultores y ganaderos", ha manifestado Simonet.
El Govern también ha defendido que el futuro sistema de ayudas no se configure únicamente a partir de criterios como la superficie, la orientación productiva o la dimensión económica de las explotaciones. Balears propone incorporar otras variables, como el número real de trabajadores de cada explotación y, especialmente, los condicionantes territoriales y la insularidad.
En este sentido, la Conselleria ha insistido en la necesidad de preservar en la futura PAC las particularidades territoriales que ya han sido reconocidas para Baleares y que han permitido adaptar mejor las ayudas a la realidad productiva del archipiélago.
En cuanto a los pagos directos, Baleares ha planteado mantener los mecanismos de redistribución de las ayudas pero tener en cuenta los costes reales de las explotaciones, entre ellos los laborales y energéticos. Asimismo, ha defendido que el límite establecido para el régimen de pequeños agricultores no actúe como un requisito excluyente que pueda desincentivar la incorporación a ecorregímenes o la adopción de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
Además, ha planteado intervenciones sectoriales específicas para producciones especialmente relevantes en Baleares, como la patata, el ovino y el olivar.
En relación con la arquitectura ambiental de la PAC, Baleares apuesta por mantener las medidas que han demostrado su utilidad y adaptarlas a las características de cada territorio. Entre los ecorregímenes que han funcionado especialmente bien en Baleares, la Conselleria destaca las cubiertas vegetales, los pastos extensivos y la rotación de cultivos.
También defiende la continuidad de las ayudas agroambientales vinculadas, entre otras, a la producción integrada, las razas autóctonas, las variedades locales y la agricultura ecológica.
Finalmente, en materia de relevo generacional, Simonet ha defendido mantener el sistema de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, que ha dado buenos resultados en Baleares, y complementarlo con una línea específica destinada a facilitar la sucesión y la continuidad de las explotaciones agrarias.
"COMO MÍNIMO", MANTENER LOS RECURSOS ACTUALES EN LA PESCA
En el Consejo Consultivo de Política Pesquera, Simonet ha reiterado ante el Ministerio buena parte de las reivindicaciones que el Govern ya trasladó directamente a Bruselas el pasado 3 de septiembre en la reunión con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.
En relación con el futuro marco financiero europeo, Baleares ha defendido que la pesca y la acuicultura mantengan un instrumento financiero específico y dispongan, como mínimo, de unos recursos similares a los del periodo presupuestario actual.
La Conselleria también ha reclamado que el futuro instrumento financiero incorpore expresamente la insularidad como factor para compensar los efectos que esta genera sobre la pesca marítima y la acuicultura de las islas.
"No se puede aplicar exactamente las mismas normas a realidades pesqueras que son muy diferentes. La flota balear es mediterránea, mayoritariamente costera, realiza faenas cortas y tiene unas características muy concretas. Se necesita que Europa tenga en cuenta esta realidad y que la insularidad se traduzca en medidas y recursos específicos", ha afirmado Simonet.
Entre las propuestas concretas, Baleares han reclamado que la normativa europea reconozca jurídicamente la flota costera-litoral mediterránea, con una definición específica para los buques de más de 12 metros y menos de 24 metros de eslora que realizan faenas inferiores a 24 horas. Según la Conselleria, esta clasificación permitiría adaptar mejor las medidas de gestión a las particularidades de la pesca mediterránea.
El Govern también ha defendido eliminar las limitaciones que dificultan la modernización de la flota con el objetivo de promover embarcaciones más modernas, eficientes energéticamente y adaptadas a la situación actual de la pesca europea. Asimismo, también ha reclamado incorporar mecanismos que contribuyan a garantizar la viabilidad socioeconómica del sector y el relevo generacional.
Otro de los principales planteamientos de Baleares es que la futura política pesquera común incorpore la cogestión pesquera como principio de gobernanza, con la participación de las administraciones regionales, el sector pesquero, la comunidad científica y las entidades sociales, y que avance hacia una mayor territorialización de las pesquerías locales mediterráneas.
La Conselleria también ha propuesto revisar el concepto de esfuerzo pesquero para que se base en la actividad real regulada de las embarcaciones --como las horas efectivas de pesca o la dimensión de las artes-- y no únicamente en la potencia instalada.
Finalmente, Simonet ha reclamado una simplificación de las obligaciones derivadas del Reglamento europeo de control y un tratamiento diferenciado para la flota mediterránea.
Baleares consideran que no pueden aplicarse las mismas exigencias a los grandes buques industriales que a embarcaciones que habitualmente realizan faenas de menos de 16 horas. Por ello, ha defendido priorizar los controles en tierra y adaptar las obligaciones de notificación, declaración, clasificación y pesaje a las características de la flota costera-litoral, sin reducir las garantías de control y conservación de los recursos marinos.