PP acusa al Gobierno de convertir a España en un "expendedor de papeles" con la regularización y PSOE dice: "Es avanzar"
MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PP ha acusado al Gobierno de convertir a España en un "expendedor de papeles para todos" de la Unión Europea con la regularización extraordinaria de migrantes, mientras el PSOE ha defendido el proceso y que "regularizar es avanzar".
Así lo han puesto de manifiesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, durante la solicitud promovida por el PP para exigir la comparecencia extraordinaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el fin de rendir cuentas sobre la regularización extraordinaria de migrantes. La petición ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios, menos Vox y Junts, que la han apoyado.
Durante su intervención, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha tildado la medida de "antidemocrática", "masiva" y ejecutada a "espaldas" al Parlamento, acusando al Gobierno de generar un "efecto llamada" y convertir a España en un "expendedor de papeles", al permitir la regularización "sin garantías estrictas" ni exigencia de empleo.
Por su parte, el socialista Luc Andre Diouf ha destacado, dirigiéndose a PP y Vox, que "integrar con derecho es futuro, regularizar es avanzar, son derechos, protección y salida de la explotación laboral". Además, ha recordado que el proceso exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales.
Por Sumar, Enrique Santiago ha defendido la regularización extraordinaria como un "reconocimiento de derechos constitucionales" para trabajadores que ya conviven en el país y ha rechazado la citación del ministro. "La regularización extraordinaria de migrantes es un reconocimiento de derechos constitucionales a quienes no los tenían, aunque conviven con nosotros", ha apuntado.
Mientras, Ignacio Gil, de Vox, ha criticado la "imprevisión y la falta de controles adecuados" de la regularización, que ha dicho que es "un coladero al reducir al máximo los requisitos del arraigo". "La consecuencia de esta regularización acentúa aún más el efecto llamada y con ello el colapso de la sanidad y de los servicios sociales, precariza el mercado laboral, los sueldos, agrava el problema de la vivienda y traerá más delincuencia", ha subrayado.
El portavoz de EH Bildu Oskar Matute ha reprochado a los 'populares' que utilicen este debate veraniego como una "cita obligada" mientras ignoran las "prioridades" de la ciudadanía. En concreto, se ha referido a la vivienda, la precariedad laboral y la crisis climática y ha criticado las posturas que buscan "estigmatizar a los migrantes" asociándolos a la delincuencia.
Mientras, Marta Madrenas, de Junts, ha denunciado la "política migratoria errática e irresponsable" del Ejecutivo por desoir las previsiones policiales y ocultar la dimensión real del proceso de regularización. Así, ha advertido de que Cataluña asume un impacto "absolutamente desproporcionado" al recibir el 25% de la inmigración estatal con casi 260.000 solicitudes de regularización, una situación que, sumada al "déficit fiscal de 22.000 millones", tensiona sus servicios públicos, por lo que ha exigido el traspaso íntegro de las competencias en materia de migración a la Generalitat.
Finalmente, el portavoz del PNV Mikel Legarda ha avanzado el voto en contra de su formación a la iniciativa del PP al considerar que el asunto puede ser abordado durante el periodo ordinario de sesiones y que ya se analiza en la Comisión de Seguridad Nacional. Además, ha argumentado la imposibilidad "material" de encajar la citación en el calendario de agosto, dado el elevado volumen de comparecencias de distintos ministros ya agendadas en la Cámara para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta, las cuales sumarán "mínimamente ocho horas al día".