Oxfam Intermón exige una respuesta "coordinada y urgente" de todas las administraciones tras el desahucio de Maricarmen
MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
Oxfam Intermón ha reclamado una respuesta "coordinada y urgente" de todas las administraciones y de los grupos políticos para evitar situaciones como la que se produjo este miércoles con el desahucio de Maricarmen, en Madrid.
"El desahucio de Maricarmen no es caso un aislado. Retrata el sufrimiento que la crisis de la vivienda causa a miles de hogares en España: 7.000 familias fueron desalojadas de sus viviendas solo en la primera mitad de 2026. No podemos aceptar que los intereses especulativos de los fondos buitre se antepongan al derecho de las personas a conservar su hogar", ha subrayado el responsable de Vivienda de Oxfam Intermón, Alejandro García-Gil.
Según ha precisado la ONG en un comunicado, "el desahucio de Maricarmen no debería haberse producido" y es "fruto de un fracaso institucional compartido". En concreto, ha recordado que el Congreso rechazó en enero la prórroga del decreto antidesahucios, "que le habría permitido a Maricarmen solicitar la suspensión del lanzamiento", mientras que "las administraciones competentes no le garantizaron una alternativa habitacional".
Por ello, ha reclamado al Gobierno que apruebe "de inmediato" un real decreto que impida desahuciar a personas vulnerables sin garantizarles antes una alternativa habitacional, así como la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027.
También pide a todos los grupos parlamentarios que aprueben estas medidas en el Congreso de los Diputados para que salgan adelante y se traduzcan en soluciones concretas frente a la crisis de la vivienda.
Asimismo, apela a la responsabilidad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos que "tienen competencias e instrumentos para atajar la crisis de la vivienda y garantizar alternativas habitacionales y evitar desahucios como el de Maricarmen".
Al mismo tiempo, exigen otras medidas como "aplicar los límites al alquiler en zonas tensionadas previstos en la Ley de Vivienda, impulsar una fiscalidad que favorezca el uso social de la vivienda, ampliar el parque público y promover alternativas como el cooperativismo".
La crisis de la vivienda en España es ya una emergencia social. No podemos seguir esperando mientras miles de personas viven con el miedo a perder su hogar. Es hora de tomar decisiones políticas valientes que pongan el derecho a la vivienda por delante de la especulación".