Los ERTEs en Ceuta por la llegada masiva de inmigrantes tendrán un marco específico hasta finales de este año

   MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

   El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, medidas extraordinarias específicas para Ceuta con el objetivo de proteger a los trabajadores y el tejido productivo de los efectos de la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma desde finales de julio.

   Estas medidas incluyen un régimen específico de fuerza mayor para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, con exenciones del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social.

   De esta manera, se amplía el ámbito de aplicación para las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral y las reducciones de jornada que puedan guardar una relación directa o indirecta con esta situación.

   Según ha informado el Ministerio de Trabajo en un comunicado, la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá carácter potestativo para la autoridad laboral, sin perjuicio de la posterior comprobación de los requisitos y de la concurrencia de la causa.

   Las empresas de Ceuta afectadas por estos ERTE podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, respecto de las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a los trabajadores y períodos afectados por la suspensión o reducción de jornada.

BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN PERMANENTES PARA CEUTA Y MELILLA

   Asimismo, el Gobierno ha aprobado elevar del 50% al 75%, de manera permanente, la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

   También se incorporan nuevos sectores beneficiarios de esta medida, como el de la construcción.

   Según ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el impacto presupuestario de estas bonificaciones será de 36,6 millones de euros anuales por cada una de las dos ciudades autónomas.

   Al mismo tiempo, el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinará 650.000 euros en subvenciones para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

   Estos programas estarán adaptados a las necesidades del tejido productivo y a los retos tecnológicos, organizativos y sectoriales.

DÍAZ: "CEUTA NO ESTÁ SOLA"

   Tras la aprobación de estas medidas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que proteger el trabajo en Ceuta "es proteger la tierra donde la gente vive, cría a sus hijos y construye su vida".

   "Ceuta no está sola", ha asegurado la vicepresidenta segunda en un mensaje en su cuenta de Bluesky recogido por Europa Press.

   Estas medidas laborales extraordinarias para la ciudad autónoma de Ceuta forman parte del plan económico y social que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para relanzar su economía tras la situación generada en la ciudad por la entrada masiva de inmigrantes.

   Este plan para Ceuta movilizará este año 309 millones de euros para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.

   En la parte económica, además de las bonificaciones a la contratación y ERTEs específicos, figuran además ayudas directas para autónomos y empresas, así como bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, que pasan del 50% al 60% para entidades residentes en Ceuta y Melilla y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo; y mejoras en la tributación del IRPF para los autónomos. Estas tres medidas serán permanentes y las dos últimas implican una rebaja fiscal de 12 millones de euros anuales por ciudad.