La Sindicatura de Comptes ve falta de recursos públicos contra incendios forestales de 2022 a 2024

También ve deficiencias en la gestión de ZBE aprobadas entre enero de 2022 y marzo de 2025

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes
Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de ComptesDavid Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha advertido de la falta de recursos públicos en la prevención de incendios forestales entre 2022 y 2024, así como del envejecimiento de la plantilla dedicada a estas labores en Catalunya, en un informe consultado por Europa Press.

La Síndica Mayor, Llum Rodríguez, ha presentado el informe sobre las políticas públicas de extinción de incendios forestales correspondientes a los ejercicios 2022-2024: indica que, en Catalunya, más del 63% del uso del suelo corresponde a superficie forestal y, de este, únicamente el 25% es de titularidad pública.

El número de incendios forestales en Catalunya fue de 643 en el año 2022, 617 en 2023 y 437 en 2024; y la superficie quemada en hectáreas fue de 5.834,66 en el año 2022, de 1.398,19 en 2023 y de 518,94 en 2024.

El gasto imputable a extinción de incendios forestales fue de 58,45 millones en 2022, 41,51 millones en 2023 y 34,38 millones en 2024.

"La estructura de respuesta a los incendios estaba distribuida en 7 regiones de emergencia, 145 parques de bomberos, 6 salas de control territorial y 1 sala central de bomberos. En los ejercicios 2022, 2023 y 2024 el número de actuaciones realizadas para la extinción de incendios forestales fue de 1.186, 1.388 y 854, respectivamente", indica el informe.

En el período analizado, la mayoría de los incendios (un 59,57% en 2022, un 58,18% en 2023 y un 64,76% en 2024) se iniciaron de forma intencionada o por negligencias.

Entre las conclusiones más relevantes destaca la falta de indicadores y de seguimiento en los instrumentos de planificación estratégica y operativa, y que el número de efectivos del cuerpo de bomberos a 31 de diciembre de 2024 era de 2.991, "lo que supone un déficit de 325 efectivos para alcanzar la plantilla objetivo establecida en el Plan bomberos 2025 (3.316 efectivos)".

El número de efectivos del cuerpo de bomberos voluntarios de la sección activa a 31 de diciembre de 2024 era de 1.264, "lo que supone un déficit de 586 efectivos para alcanzar el objetivo establecido en el Plan bomberos 2025 (1.850 efectivos)".

El número de efectivos del cuerpo de agentes rurales, a 31 de diciembre de 2024 era de 477, un déficit de 330 efectivos para alcanzar la plantilla objetivo establecida en el Plan estratégico de agentes rurales 2019-2024, de 807 efectivos.

Advierte de que, a 31 de diciembre de 2024, 81 efectivos del cuerpo de bomberos (2,71% del total), tenían una edad mayor o igual a 60 años, y que en los próximos 10 años está prevista la jubilación del 16,20% de los efectivos del cuerpo de bomberos (484 efectivos).

Tampoco se disponía "de un sistema de contabilidad de costes que permita determinar el gasto en el ámbito de la extinción de incendios forestales de los años 2022, 2023 y 2024", aunque afirma que la eficacia operativa del dispositivo de extinción fue favorable y no se evidenciaron deficiencias.

La Sindicatura propone recomendaciones de mejora dirigidas a la Administración de la Generalitat que pueden contribuir a resolver las deficiencias constatadas, como elaborar instrumentos de planificación, intensificar las medidas preventivas o mejorar la contabilidad.

BAJAS EMISIONES

El ente fiscalizador también ha publicado un informe sobre las zonas de bajas emisiones (ZBE) de municipios con más de 50.000 habitantes aprobadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2025, en este caso presentado por el síndico Ferran Roquer.

Los sistemas de seguimiento de los objetivos de las ZBE "presentaban deficiencias importantes", afirma, pues los municipios de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Reus, Rubí, Tarragona, Viladecans y Vilanova i la Geltrú no disponían de procedimientos de seguimiento formalizados, y Badalona y Tarragona no elaboraban informes de resultados.

Todos los municipios habían adoptado medidas para el establecimiento de restricciones en las ZBE, principalmente basadas en los distintivos de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero Badalona, Cerdanyola del Vallès, Reus, Tarragona y Viladecans no habían justificado la proporcionalidad de las medidas, y sólo algunos --Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Reus y Sant Boi de Llobregat-- incorporaban mecanismos de pago para restringir el acceso.

"Solo Barcelona, Girona, Manresa, El Prat, Sant Boi, Viladecans y Vilanova i la Geltrú contaban con un Plan de comunicación, participación y sensibilización aprobado y completamente ejecutado", indica la Sindicatura, que emite 6 recomendaciones para resolver los fallos.

CUENTA GENERAL

La Síndica Mayor también ha presentado el informe sobre la Cuenta General de la Generalitat correspondiente a 2024, que analiza las cuentas de un total de 213 entidades, apunta a diversas irregularidades contables, como gastos no consignados, infravaloración de inversiones financieras o incumplimiento de requisitos, por lo que la Sindicatura realiza 6 recomendaciones para solventarlas.

Respecto a la Cuenta general de las corporaciones locales referente a 2024, presentada por el síndico Manel Rodríguez y que alude a un censo de 1.113 entidades locales y 604 entidades dependientes, el organismo fiscalizador indica que un 31,18% de entes no enviaron dentro del plazo la documentación requerida, y que el 8,2% de cuentas enviadas estaban incompletas, dos puntos porcentuales más que en 2023, por lo que la Sindicatura realiza 21 recomendaciones para solventar los fallos.

AGENCIA DE FORMACIÓN

Otro informe, en este caso relativo al servicio de acreditación de competencias profesionales de la Agencia de Formación y Cualificación Profesionales de Catalunya durante los años 2024 y 2025, y destaca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con una dotación de 480 millones para el conjunto del Estado (72,80 millones para Catalunya), lo que permitió, junto con modificaciones normativas destinadas a la simplificación y agilización, incrementar el número de acreditaciones en el período 2021-2025 respecto del período 2011-2021.