Empresa de moderadores se desmarca de Meta y vincula los 2.000 despidos a causas "organizativas"

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La representación legal de CCC Barcelona Digital Services SLU --empresa del grupo Telus Digital que prestaba servicios de moderación para Meta-- ha vinculado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 2.062 personas de una plantilla de 2.114 trabajadores en 2025 a causas "organizativas" y productivas y se ha desmarcado de Meta.

Así lo ha afirmado en el juicio celebrado este martes en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tras una demanda impulsada por el sindicato Fuerza Independiente Sindical de Trabajadores (Fist), que solicita la nulidad del despido colectivo al considerar que se vulneraron derechos fundamentales de los trabajadores y que lo vincula con un "aluvión" de demandas por presunta discriminación por razón de lengua.

La representante legal de CCC Barcelona, --codemandada por el sindicato junto a otras empresas del grupo y la filial de Meta en Irlanda-- ha subrayado que existe una causa "real y válida" que motivó el despido colectivo en Barcelona y que fue el hecho de que Meta, que era cliente de la empresa CCC Erste Beteikigungs GMBH, en Alemania, decidió cesar los servicios que esta última subcontrataba a su vez a su filial en España: CCC Barcelona Digital Services.

Según la firma, ni CCC Barcelona Digital Services ni ninguna compañía del grupo decidió finalizar el contrato de prestación de servicios ni trasladó esta actividad a otro país --como sostiene la parte demandante--, sino que fue el cliente, Meta, quien decidió poner fin a la actividad de moderación con el grupo Telus.

Sobre las 1.200 supuestas demandas presentadas por trabajadores relacionadas con una presunta discriminación salarial por razón de la lengua de trabajo, la empresa ha precisado que son "53 y no 1.200", que ya se han realizado 5 juicios y que CCC Barcelona Digital Services está atendiendo a estos procedimientos con total diligencia.

Sobre la presunta cesión ilegal de trabajadores, ha negado que CCC Barcelona Digital Services contratase a sus empleados con el único fin de cederlos a Meta, refutando que esta última fuese el empleador real.

Además, ha lamentado que en la demanda no quede claro qué relación existe entre ambas, un hecho que considera que genera indefensión a las partes, y ha subrayado que Telus y Meta son "dos grupos completamente diferentes" y que para demostrarlo se han aportado documentos de los registros mercantiles que prueban que no hay ningún tipo de cruce entre ellos.

APOYO DE LA PLANTILLA

La representación legal de CCC Digital Services ha manifestado que el ERE se hizo tras un acuerdo con UGT y CC.OO. y con la supervisión de Inspección del Trabajo y que el hecho de que no se haya despedido a 50 personas, que continúan trabajando en Barcelona, no permite concluir que sea Meta quien está detrás de este movimiento, sino que se debe a que en la capital catalana se mantienen servicios globales y un proyecto de IA.

Por todo ello, sostiene que no hubo ni coacción ni fraude en el ERE, un procedimiento que sostiene que se realizó "con todas las garantías", tras cuatro consultas y con un acuerdo que contó con el apoyo de la plantilla.

En este sentido, ha señalado que el 80% de la plantilla votó el acuerdo y que el 96% de los que trabajadores que lo hicieron votaron a favor del ERE, de forma que solo unas 30 personas de 2.000 se manifestaron en contra.

LEGITIMACIÓN

Esta parte también ha expresado que Fist carece de una legitimación activa para impulsar la demanda, es decir, que no tiene ni el derecho ni la facultad legal para exigir la nulidad de los despidos, porque carece de la representatividad exigida legalmente.

Por su parte, la representación de Meta Platforms Ireland Inc --la filial de Meta en Irlanda--, que también ha pedido una sentencia íntegramente desestimatoria, ha subrayado que "no existe relación entre Meta y las empresas codemandadas" y, como ejemplo, ha afirmado que mientras Facebook comenzó su actividad en 2004, en el caso de Telus se remonta a los años 90.

"No tenemos ningún tipo de relación accionarial", ha reiterado, negando que exista cualquier confusión patrimonial o entre sus plantillas o una caja única entre Telus y Meta, así como que esta última corriera a cargo de los salarios de los trabajadores de CCC Barcelona Digital Services.

La defensa de las representaciones sindicales se ha adherido a la falta de legitimación activa por parte de Fist y ha señalado la "buena fe" en la negociación del ERE, que fue reconocido por la propia autoridad laboral siguiendo los cánones que marca la legalidad.

Por su parte, la representación de Telus International y de CCC Erste Beteiligungs GMBH ha alegado una "falta de legitimación pasiva" de las empresas demandadas, es decir, que no se les puede exigir la responsabilidad reclamada por la parte demandante.

En esta línea, ha negado la existencia de un grupo patológico de empresas, como sostiene Fist, es decir, que las sociedades demandadas, formalmente independientes, actúen en realidad como una única empresa.

Por el contrario, la parte demandante sostiene que este presunto grupo patológico de empresas decidió trasladar el servicio que se prestaba en Barcelona a Alemania (entre otros países de la Unión Europea) tras recibir demandas por presunta discriminación por razón de lengua y por falta de prevención de riesgos porque sabían que debían comenzar a pagar a sus empleados de forma correcta y "justa".

Además, sostiene que vulneró el derecho de reunión de los trabajadores por impedir una asamblea con la que se pretendía revocar el acuerdo pactado con UGT y CC.OO., un hecho que el representante de la firma ha negado y ha atribuido a cuestiones de seguridad.

En este sentido ha precisado que "no se denegó la asamblea", sino que la petición fue revocada por el propio edificio pues, con el plazo con el que el sindicato lo solicitó, no era posible albergar a 2.000 personas con seguridad en la planta cero.

En el juicio también han declarado directivos de la empresa CCC Barcelona, que han dicho desconocer las razones de Meta para dejar de contratar al grupo Telus los servicios de moderación y se han referido e ella como un cliente: "Ellos tienen la estrategia y nos han contratado a nosotros para ejecutarla".

IMPACTO ECONÓMICO El juicio, que ha quedado visto para sentencia, permitirá esclarecer si el cierre del centro en Barcelona fue una decisión empresarial legítima o si se utilizaron sociedades interpuestas y una estructura societaria internacional para impedir o dificultar la efectividad de los derechos de las personas trabajadoras y de sus reclamaciones judiciales.

Si la demanda fuese estimada se podría declarar la nulidad de los despidos y la readmisión de la plantilla, un impacto económico que la parte demandante cifra en más de 90 millones de euros.