Demandante de Meta relaciona despidos en Barcelona al "aluvión" de casos por discriminación de lengua
Si se declara la nulidad de los despidos, el impacto sería de 90 millones de euros
BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado del sindicato Fuerza Independiente Sindical de Trabajadores (Fist), Enrique Leiva Vojkovic, que ha impulsado la demanda por el despido colectivo de más de 2.000 trabajadores de CCC Barcelona Digital Services SLU --empresa que prestaba servicios de moderación para Meta--, ha relacionado la decisión de la compañía de abandonar la capital catalana con una presunta discriminación hacia sus trabajadores por cuestiones de lengua.
Así lo ha explicado en una atención a medios previa al juicio que está previsto que se celebre este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (TSJC) contra las sociedades vinculadas a Telus International, CCC Barcelona Digital Services SLU y Meta, al considerar el sindicato que esta última no puede quedar al margen de una decisión que afectó a la totalidad de la plantilla que prestaba servicios de moderación en Barcelona.
El abogado ha subrayado que tras el despido de 2.000 trabajadores entre abril y mayo de 2025, firmado por UGT y CC.OO., fue el sindicato Fist, que no tenía presencia en el comité de empresa ni de la comisión negociadora, el que decidió impugnar el acuerdo al entender que la empresa no había justificado suficientemente este movimiento.
El motivo, ha argumentado, es que se decidió trasladar este servicio a Alemania (entre otros países de la Unión Europea) donde los salarios no son más bajos que en España, un hecho que el abogado ha relacionado con el momento en el que comenzaron a recibir "un montón de demandas, miles de demandas" y en el que sabían que debían comenzar a pagar a sus empleados en Barcelona de forma correcta y justa.
"Lo que hacen es irse a otro país de Europa donde también pueden jugar uno, dos o tres años hasta que también comiencen a tener demandas", ha subrayado.
IDIOMAS DEL SUR DE EUROPA
En este sentido, ha dicho que, desde su punto de vista, en términos económicos la mayor preocupación que tenía la empresa en aquel momento era el "aluvión" de demandas por vulneración de derechos fundamentales, de no ser discriminados por motivo de lengua.
En este sentido, ha recordado que la mayoría de trabajadores que hablaban en castellano, portugués, italiano o "idiomas del sur de Europa", cobraban entre 6.000 y 8.000 euros menos que otros compañeros del centro en Barcelona que hacían exactamente la misma función pero que hablaban sueco o noruego.
Estas demandas podrían suponer a la compañía entre 150 y 200 millones de euros en indemnizaciones, en caso de que hubiesen prosperado y, además, tendrían que equiparar el salario de todos los trabajadores, un hecho que según el letrado "no entra dentro de la ecuación de beneficios de estas transnacionales".
A esto se sumaba, en su opinión, otro importante número de demandas por daños derivado de una presunta falta de prevención de riesgos laborales, pero que no afectaba tanto a la compañía en términos económicos, aunque sí a su "prestigio".
El abogado ha subrayado que lo que se discutirá este martes en el TSJC es, por un lado, si realmente CCC Barcelona Digital Services SLU tenía la posibilidad de negociar o si era una "marioneta" usada por CCC Internacional, su transnacional, a la vez controlada por Telus International, y si todo este entramado estaba controlado por Meta.
"¿Pueden las transnacionales continuar jugando con los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados para llevar la producción allí donde quieran y poder de esta forma aprovecharse de los derechos de los trabajadores?, ha preguntado Leiva.
Asimismo, se ha preguntado si los tribunales de cualquier ordenamiento de la Unión Europea puede poner fin a este sistema y establecer que hay "grupos de empresas patológicos que trascienden las fronteras del Estado español, en este caso, y que se están constituyendo a nivel europeo para poder defraudar" los derechos de los trabajadores.
Así, espera que el juicio permita esclarecer si el cierre del centro en Barcelona y el trasladado de la actividad fue una decisión empresarial legítima o si se utilizaron sociedades interpuestas y una estructura societaria internacional para impedir o dificultar la efectividad de los derechos de las personas trabajadoras y de sus reclamaciones judiciales.
Si la demanda fuese estimada se podría declarar la nulidad de los despidos y la readmisión de la plantilla, un impacto económico que la parte demandante cifra en más de 90 millones de euros.